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La invitación a la guerra en Venezuela

En las fotos se veían cinco cadáveres tendidos en el suelo, cada uno con una mano extendida, cerca de la cual había una pistola o una granada. El informe oficial indicaba que se trataba de guerrilleros que murieron en combate con las fuerzas de seguridad.

Pero las heridas que se apreciaban en las fotos no eran como las que se sufren en combate. Según expertos forenses comisionados por Human Rights Watch (HRW), existía evidencia de que tanto los cuerpos como las armas habían sido puestos. Los testimonios recogidos por HRW señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas con camisetas que les cubrían la cabeza, y que luego fueron subidas a camiones blindados.

“Querían mostrarle al presidente y a los mandos que habían matado guerrilleros. Pero la verdad es que no mataron a ningún guerrillero; fue a mi familia a la que sacaron de su casa”, le dijo a InSight Crime un familiar de las víctimas, quien no quiso que su nombre se revelara por temor a represalias.

Los asesinatos tenían todas las características de falsos positivos, como se les denomina en Colombia: civiles muertos vestidos con uniforme de guerrilleros marxistas. Entre 2002 y 2008, el ejército colombiano, presionado por mostrar resultados, asesinó a unos 6.400 civiles inocentes, a los cuales vistieron como guerrilleros con el fin de presentarlos como muertes en combate.

Pero este caso no ocurrió en Colombia, sino en Venezuela. Y no en el pasado, sino en el presente.

Las presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en marzo de 2021 en el estado fronterizo de Apure. Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la ex-FARC Mafia. A medida que los combates se intensificaron, Apure siguió padeciendo los horrores de la guerra de guerrillas de Colombia: desplazamientos masivos, tiroteos y emboscadas, secuestro de soldados, minas antipersona y acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, Venezuela ha reprochado a Colombia porque el conflicto civil del país llevó a que cientos de miles de colombianos desesperados se trasladaran al país vecino. Sin embargo, hoy en día, el flujo de criminalidad y desplazamiento se mueve en dirección contraria. La guerra en Colombia fue el producto de complejos factores sociales, políticos, económicos y criminales que se sucedieron durante varias generaciones; por su parte, el gobierno de Venezuela invitaba a las facciones beligerantes al país.

En las fotos se veían cinco cadáveres tendidos en el suelo, cada uno con una mano extendida, cerca de la cual había una pistola o una granada. El informe oficial indicaba que se trataba de guerrilleros que murieron en combate con las fuerzas de seguridad.

Pero las heridas que se apreciaban en las fotos no eran como las que se sufren en combate. Según expertos forenses comisionados por Human Rights Watch (HRW), existía evidencia de que tanto los cuerpos como las armas habían sido puestos. Los testimonios recogidos por HRW señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas con camisetas que les cubrían la cabeza, y que luego fueron subidas a camiones blindados.

“Querían mostrarle al presidente y a los mandos que habían matado guerrilleros. Pero la verdad es que no mataron a ningún guerrillero; fue a mi familia a la que sacaron de su casa”, le dijo a InSight Crime un familiar de las víctimas, quien no quiso que su nombre se revelara por temor a represalias.

Los asesinatos tenían todas las características de falsos positivos, como se les denomina en Colombia: civiles muertos vestidos con uniforme de guerrilleros marxistas. Entre 2002 y 2008, el ejército colombiano, presionado por mostrar resultados, asesinó a unos 6.400 civiles inocentes, a los cuales vistieron como guerrilleros con el fin de presentarlos como muertes en combate.

Pero este caso no ocurrió en Colombia, sino en Venezuela. Y no en el pasado, sino en el presente.

Las presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en marzo de 2021 en el estado fronterizo de Apure. Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la ex-FARC Mafia. A medida que los combates se intensificaron, Apure siguió padeciendo los horrores de la guerra de guerrillas de Colombia: desplazamientos masivos, tiroteos y emboscadas, secuestro de soldados, minas antipersona y acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, Venezuela ha reprochado a Colombia porque el conflicto civil del país llevó a que cientos de miles de colombianos desesperados se trasladaran al país vecino. Sin embargo, hoy en día, el flujo de criminalidad y desplazamiento se mueve en dirección contraria. La guerra en Colombia fue el producto de complejos factores sociales, políticos, económicos y criminales que se sucedieron durante varias generaciones; por su parte, el gobierno de Venezuela invitaba a las facciones beligerantes al país.

La guerra de Colombia en tierras venezolanas

En 2016, los líderes de las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se comprometieron a desmovilizar sus ejércitos, luego de diversas negociaciones en las que Venezuela cumplió un papel vital como interlocutor y garante.

Para entonces, ya se habían formado varios grupos disidentes de las FARC. Algunos de los más importantes ya se encontraban consolidando el control de los antiguos territorios de la organización, así como las economías criminales en Venezuela. En las regiones de Apure controladas por las FARC, según cuentan los residentes, la desmovilización no produjo muchos cambios. Al igual que antes, el Frente 10 seguía siendo dominante.

Sin embargo, tras esa continuidad en el territorio se oculta una realidad más volátil. La alianza estratégica relativamente estable y mutuamente beneficiosa que surgió entre las FARC y el Estado venezolano durante el mandato del presidente Hugo Chávez se ha resquebrajado debido a disputas entre facciones y a las volubles alianzas. Con el aumento de las tensiones, a fines de 2020 el presidente Maduro declaró que el Frente 10 había abusado de la hospitalidad de Venezuela.

Tras un primer asalto en septiembre de 2020, el ejército realizó, a fines de enero de 2021, la primera de una serie de operaciones destinadas a expulsar al Frente 10 del país. Como ha sucedido muchas veces en Colombia, los combates degeneraron rápidamente en violaciones contra los derechos humanos de la población civil.

Aunque hasta febrero se presentaron varias refriegas, la primera gran operación de la campaña se realizó el 21 de marzo, cuando los militares lanzaron un ataque contra el campamento de uno de los líderes del Frente 10, Fabián Guevara Carrascal, alias “Ferley”.

Tras la ofensiva, al menos 2.800 venezolanos huyeron de sus hogares para escapar de los combates y buscaron refugio en Colombia. Muchos huyeron porque los guerrilleros, que al parecer fueron avisados sobre las operaciones, les advirtieron sobre el conflicto que se avecinaba, según contaron los residentes a InSight Crime.

“Un pastor [de la comunidad desplazada] me dijo: ‘los guerrilleros mismos vinieron y nos dijeron que nos fuéramos porque el gobierno venía en camino y podría pensar que éramos guerrilleros, nos atacarían y nos masacrarían’”, dijo el sacerdote de un municipio cercano, quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva por temor a represalias.

Al parecer, los guerrilleros se habían dispersado en las montañas. Pero también se habían protegido durante su retirada. Al día siguiente del ataque, según informes oficiales, dos soldados murieron y 9 más resultaron heridos por minas antipersona colocadas por las ex-FARC. Si bien las minas antipersona han sido por mucho tiempo una de las tácticas preferidas por la guerrilla en Colombia —lo que lo convierte en uno de los países con más minas de este tipo en el mundo—, este fue el primer incidente registrado en Venezuela desde 2013, año en el que se declaró un país libre de minas antipersona.

A medida que la búsqueda de los guerrilleros se hizo más intensa, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, que se sabe que han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, se unieron a dicha persecución. Según testimonios recogidos por HRW, las FAES allanaron casas en la ciudad fronteriza de La Victoria y en sus alrededores, en donde sacaron a los residentes de sus viviendas, los arrojaron al suelo, los golpearon y los amenazaron de muerte.

Finalmente, llegaron a la casa de Luz Dey Remolina y su esposo, Emilio Ramírez Villamizar. Se llevaron a la pareja junto con su hijo Yefferson y el hermano de Emilio, Ehiner. Horas después, la familia, junto con una quinta víctima, Julio César Jiménez Millán, aparecieron en las fotos de las FAES como “muertes en combate”.

Los tres hombres de la familia Ramírez eran jornaleros agrícolas, que hacían cualquier trabajo que pudieran conseguir en las fincas de la zona, y Luz Dey era ama de casa, según un miembro de la familia que habló con InSight Crime. Julio César había llegado a Apure pocos días antes para tomar un trabajo en una panadería, como contaron habitantes del sector a InSight Crime.

Al día siguiente, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre 1.000 y 1.200 venezolanos más huyeron hacia Colombia. El flujo de refugiados continuó aumentando y llegó a los 5.877, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una iniciativa liderada por la ONU. Sin embargo, esta cifra quizá está subestimada, ya que muchos se quedaron donde amigos o familiares y no se registraron ante las autoridades.

Muchos de los desplazados regresaron poco después a Venezuela, pero algunos descubrieron que las fuerzas de seguridad habían saqueado sus hogares, como dijeron a InSight Crime residentes locales y líderes políticos y comunitarios. En un municipio, ni siquiera la iglesia escapó a los ataques, según el sacerdote del pueblo que habló con InSight Crime.

“Entraron a la iglesia, que estaba cerrada, pero derribaron la puerta”, dijo. “Entraron y se llevaron todo, incluso la caja de donaciones del sacerdote, la abrieron y se robaron el dinero que había adentro”.

Después de ese primer asalto del ejército, las ex-FARC se reagruparon y comenzaron a lanzar contraataques. Y a la par que aumentaban la presión sobre las fuerzas de seguridad, también incrementaban los abusos sobre la población, a la que veían como colaboradores de la guerrilla.

Los agentes de seguridad comenzaron a ir tras los habitantes y, al parecer sin pruebas, órdenes judiciales, cargos ni ningún debido proceso, los acusaron de ser informantes de la guerrilla y comenzaron a detenerlos.

“En ese momento yo no entendía por qué me habían detenido, así que le pregunté al capitán que me arrestó y me dijo que me habían llevado allí porque alguien había dicho que yo estaba pasando información a las FARC, y que tenía que hablar y decir la verdad”, dijo una mujer que fue detenida y más tarde liberada, y cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad. “‘No tienes derechos’, me dijo”.

En algunos casos, las personas detenidas fueron golpeadas e incluso torturadas, según múltiples relatos recopilados por InSight Crime y diversas organizaciones de derechos humanos.

Aunque se desconoce el número total de detenidos, el 5 de abril el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que para ese momento se había hecho el arresto de 33 personas, 14 de las cuales serían juzgadas en un tribunal militar acusadas de traición a la patria. Después de eso han surgido informes de nuevas detenciones de ganaderos y trabajadores agrícolas acusados por los militares de colaborar con las ex-FARC.

Esta serie de abusos dejó claro que, a pesar de haber sido testigos de la guerra en Colombia, los militares venezolanos no habían aprendido de la experiencia de su vecino. Allí, los ataques militares indiscriminados, las violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de las poblaciones civiles obligadas a convivir con la guerrilla han fortalecido durante décadas a los insurgentes, al deslegitimar al Estado. Y ahora, dicen los habitantes de Apure, lo mismo está sucediendo en Venezuela.

“Los residentes se sienten más seguros con la guerrilla. Ahí hay una relación que se remonta a años atrás; la guerrilla no interfiere con ellos, pero el gobierno sí”, dijo un líder religioso en la ciudad fronteriza de El Amparo, quien no quiso que se divulgara su identidad por razones de seguridad.

La credibilidad del Estado en las comunidades fronterizas en lucha contra el Frente 10 también está tensa debido a una verdad que es demasiado evidente para quienes viven en la región, y que tiene que ver precisamente con las razones por las que el gobierno lanzó la campaña: si bien el Estado finalmente está atacando a los grupos guerrilleros en Apure, es bastante claro que no los está atacando a todos.

“Todos estaban unidos”, dijo el ganadero. “[Ahora] algunos guerrilleros tienen una relación directa con el gobierno venezolano, pero los otros no”.

Fuente: InSight Crime
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