En Chile, una creciente ola de criminalidad lleva a alcaldes de diversos espectros políticos a buscar ayuda militar.

Esta solicitud de acción ocurre mientras el presidente Gabriel Boric marca el punto medio de su mandato.

La discusión del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre temas de seguridad local, desencadenó este debate.

Abordaron específicamente el descubrimiento de un disidente militar venezolano en un asentamiento informal.

La solicitud de intervención militar llega antes de las elecciones municipales de Chile el 27 de octubre.

Los alcaldes no buscan reemplazar a la policía, sino complementarla con activos militares como drones y vehículos blindados. Este enfoque tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública.

Mientras el Frente Amplio de Boric avanza hacia la formación de un único partido, destaca las mejoras nacionales bajo su liderazgo desde marzo de 2022.

Sin embargo, líderes de la oposición, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, impugnan estas afirmaciones, señalando problemas de seguridad persistentes.

Boric está abierto a utilizar fuerzas militares en áreas urbanas, pero señala que esto requiere ajustes legales y posiblemente una reforma constitucional para una acción rápida.

Su administración enfatiza que cualquier despliegue militar seguiría pautas legales estrictas, asegurando una interacción civil adecuada.

La amplia solicitud de asistencia militar refleja la urgencia de abordar los crímenes de alto perfil en la Región Metropolitana de Santiago.

Pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno de Boric para garantizar la seguridad pública, lo que requiere un equilibrio cuidadoso de consideraciones legales, políticas y operativas.